La planificación urbana es una herramienta de gestión que permite incrementar las oportunidades para la consecución de objetivos planteados previamente, esto en función de la visión de ciudad que se pretenda construir dadas las necesidades de una población en particular, viendo el tema desde esta perspectiva cualquiera podría pensar que esta herramienta es clave para dar solución a los desafíos que implica la urbanización, pero ¿Qué pasa si le agregamos a este factor político, un factor económico que en el caso de México está enmarcado en las ideas del neoliberalismo?
El Proyecto Presa El Zapotillo, impulsado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y los gobiernos de los estados de Jalisco y Guanajuato, para abastecer de agua potable a la ciudad de León, en Guanajuato, la ciudad de Guadalajara y la región de los Altos en el estado de Jalisco, comenzó a promoverse desde el año 2005. Este proyecto contempla la construcción de una cortina de gravedad de 105 metros de concreto, el área de embalse y un acueducto de 142 kilómetros que conduciría el agua a la ciudad de León, Guanajuato.
En cuanto a la justificación de este proyecto, se tomaron en cuenta únicamente criterios económicos, sin considerar los efectos sociales, ambientales ni culturales, basándose únicamente en un modelo regido por la oferta y demanda que no considera las limitantes de las fuentes del recurso hídrico, ni de las garantías que tienen todos los ciudadanos en materia de derechos humanos y de derecho ambiental, entre otras.
Tampoco se consideró la búsqueda de otras opciones sustentables, que garanticen los derechos de todos y todas, pues existen alternativas viables y que no implican la construcción de represas para el abasto de agua y su gestión integral, tales como la reducción de la demanda, mejorar la gestión del agua superficial y subterránea, uso de ecotecnias, mejorar las actuales redes de distribución, entre otros componentes de la gestión integral del recurso hídrico.
Con la puesta en marcha de este proyecto se pone en riesgo la vida y los derechos fundamentales de 15,000 personas, principalmente su derecho a la propiedad, al medio ambiente sano, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, al desarrollo, a la consulta, a la información, a la seguridad jurídica, a la planeación democrática y al patrimonio cultural.
Ante este panorama los habitantes de Temacapulín se organizaron a principios de 2011 para realizar la “Consulta Comunitaria y de Buena Fe de Temacapulín”, dando como resultado que el 98% de la población rechaza la construcción de la presa, el desplazamiento y la inundación de sus comunidades. A pesar de esto y de la lucha que le prosiguió a esta consulta para detener el proyecto, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, confirmó el 30 de junio del año en curso, que el proyecto continúa, y con respecto a las alternativas de gestión integral del agua remarcó “no está en mis manos, no hay otra solución posible” .
¿Qué quiso decir el gobernador de Jalisco?, ¿Es imposible darle otra solución al conflicto? No, no es imposible, el problema es que se está buscando dar solución a este conflicto partiendo de una lógica neoliberal, que tiene por premisa generar crecimiento económico, y dentro de esa lógica, es evidente que las necesidades sociales y ambientales no tienen lugar, no pueden ser atendidas de manera eficaz y eficiente si no existe la garantía de que propiciarán crecimiento económico, que, cabe resaltar, es un término que no está ligado al desarrollo económico.
Es por esto que el Estado, visto como una herramienta al servicio de la economía, no puede sino obedecer las necesidades de la misma, ofreciendo beneficios en servicio del que tenga más paga, en ese sentido, este órgano gubernamental está haciendo su trabajo al no tener mecanismos de planeación urbana oportunos, para el neoliberalismo es mucho más conveniente que el Estado reaccione ante necesidades sociales a que planeé hacia la sustentabilidad.
Hoy nos encontramos, en materia de sostenibilidad urbana, ante una disyuntiva irreconciliable, por un lado está la posibilidad de continuar gestionando la urbanización a través de una doctrina económica que busca forzar la adaptación de las relaciones sociales y ambientales a los modelos que concibe, o, por otro lado, la posibilidad de adaptar la economía según las necesidades sociales que se identifiquen.
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