A los medios de comunicación, a la opinión pública consciente e informada, a todxs aquellos que luchan por un mundo mejor:
Desde la Juventud Comunista de México, denunciamos el trato injusto e inmerecido que recibieron los
camaradas de la Juventud Rebelde de Colombia, el día 31 de enero del año en curso, por parte de las autoridades migratorias del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. El itinerario de los camaradas, que salieron de la ciudad de Bogotá rumbo a nuestro país, contemplaba realizar una escala en Ciudad de México para después volar hacía Guadalajara, donde participarían en las actividades celebradas con motivo del 20 aniversario de nuestra organización. Desafortunadamente nunca llegaron a su destino puesto que, para las autoridades del Instituto Nacional de Migración, no contaban con suficientes credenciales -o contactos- para transitar nuestro país.
Independientemente de la absurda excusa “oficial”, los camaradas fueron privados de su libertad durante más de ocho horas, durante las cuales sufrieron una serie de maltratos y vulneraciones a sus derechos que incluyen violencia verbal, despojo de sus bienes materiales y violación a su privacidad (revisaron el contenido, conversaciones y contactos de sus teléfonos celulares) por parte de los oficiales de migración mexicanos.
Este caso representa una violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Capitulo 1, donde se expresa:
Artículo 1.
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (…) Todas las autoridades, en el
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.(…)
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Artículo 11.
Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de
residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizan de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones.
Sumado a ello, en su Capitulo III, Artículo 33, la Constitución establece:
Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención.
Entendemos que la política migratoria de nuestro país ha recrudecido durante los últimos años su procedimientos discriminatorios para quienes, procedentes de América Latina, buscan transitar nuestra patria en busca de mejores condiciones de vida, es decir, de migrantes, e incluso a quienes nos visitan por distintos motivos personales o de trabajo. Parece entonces que ante la mirada xenófoba de los agentes de migración, se puede retener y vejar los derechos de quienes ellos decidan de manera arbitraria, con o sin fundamentos.
Exigimos una disculpa pública por parte del Instituto Nacional de Migración, así como la sanción y reparación -establecidas en el citado Artículo 1- del daño moral y físico al que fueron sometidos los camaradas colombianos. La constitución mexicana es clara; los camaradas no solo fueron discriminados y su libertad anulada, sino que además los deportaron a su país sin fundamento en la ley.
Reiteramos nuestro respaldo a los compañeros de la Juventud Rebelde con quienes hemos tenido la oportunidad de compartir ideas, posturas políticas e incluso algún espacio físico en el marco de las tareas internacionales y quienes, con su visita y participación en la celebración de nuestro XX Aniversario, contribuirían a reforzar los lazos de camaradería y acercamiento político de nuestras organizaciones.
Atentamente:
Secretariado del Comité Nacional
Juventud Comunista de México
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