Por CJB TEnamaxtle
Este 11 de marzo la huelga en la Universidad Autónoma de Zacatecas cumplirá tres semanas.
Tras infructuosas negociaciones con el Rector I.Q. Armando Silva Cháirez, la huelga del SPAUAZ (Sindicato de Personal Académico de la UAZ) estalló el 18 de febrero pasado.
Los profesores exigen que la Universidad salde el adeudo que se tiene con el ISSSTE que ya asciende a los 1 067 millones de pesos.
Desde 2008, la patronal (rectoría) retiene a los profesores las cuotas para el ISSSTE y FOVISSSTE, pero no las deposita. Con el dinero que no se ha pagado en esos años por concepto de seguridad social se ha financiado el crecimiento de la plantilla docente de la Universidad debido a que el subsidio no aumentó en 10 años, de 2004 a 2014.
Así, en 10 años, la UAZ creció de 900 a 3000 maestros, sin que el subsidio aumentara. Todo esto a costa de la seguridad social de los profesores, que hoy se encuentran en riesgo de perder sus viviendas adquiridas con créditos de FOVISSSTE.
Actualmente la UAZ atiende a unos 30 000 estudiantes y, con todo, el 70 % de los jóvenes zacatecanos que solicitan su ingreso a la Universidad no lo consigue. Aun así, la única alternativa que el rector ofrece para resolver el problema financiero de la UAZ es detener el crecimiento de la misma por 10 años.
Mientras que el aporte estatal para las universidades públicas en México ronda un promedio del 30% del subsidio total de las mismas a nivel nacional, la UAZ recibe del gobierno estatal de Zacatecas sólo un 15% de su gasto. Esto dificulta el crecimiento de la Universidad y, aunado a la descarada corrupción y a los exorbitantes salarios de los funcionarios universitarios pone en riesgo la viabilidad de nuestra Universidad pública.
La falta de voluntad de los gobiernos estatales y del federal por resolver los problemas financieros de la UAZ y de muchas otras universidades del país responden a la intención velada de estos gobiernos por golpear a las universidades públicas y promover su privatización. El aumento en las cuotas que se cobran a los estudiantes es un claro paso en ese sentido.
La UAZ es una de las pocas universidades en México que con muchas dificultades ha mantenido su carácter de universidad popular. En contraste con la mayoría de las universidades “públicas” del país, la UAZ ofrece acceso real a miles de estudiantes de escasos recursos por medio de servicios como alimentación y hospedaje gratuitos, condonación de cuotas y acceso gratuito ilimitado a equipo de cómputo. Además, la UAZ se ha mantenido por años como la segunda universidad más barata del país, sólo después de la UNAM que recibe un presupuesto infinitamente superior por parte de la federación.
La corrupción que priva en la administración de la UAZ es permitida y alentada por el Estado, pues de ella son promotores y beneficiarios los grupos de poder, dependientes de partidos políticos electoreros, que se disputan las direcciones de escuelas y la rectoría para poder ofrecerlas como botín político a sus partidos y al gobierno estatal. Sin embargo, a pesar de la corrupción, el problema financiero de la Universidad se debe fundamentalmente al escaso subsidio que recibe.
Para saldar las cuotas del ISSSTE sólo de este 2015 son necesarios 180 millones de pesos. El gobierno estatal, en contraste, ha ofrecido apoyar a la Universidad con 30 millones. Del gobierno federal se ha obtenido sólo la promesa de apoyo a cambio de medidas de auditoría externa que claramente tienen el objetivo de terminar con los servicios estudiantiles que ofrece la UAZ y que vulneran la autonomía de la Universidad. Es decir, que el gobierno federal condiciona el rescate financiero al avance en el proceso privatizador.
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