La dominación capitalista en su etapa neoliberal se da primordialmente, y cada vez más, en base a la coerción, es decir, la sociedad política y la estructura tienen la primacía en la conformación del bloque histórico, toda vez que se vuelve cada vez más difícil la dominación por medio del consenso que se lograba a partir de la imagen del pacto de clases, entornos económicos y políticos que permitían la existencia de una supuesta clase media que legitimaba el proyecto capitalista al obtener aun beneficios.
De esta forma, la agudización de la explotación, la nueva etapa de acumulación originaria (acumulación por desposesión si revisamos a Harvey) y lo que conlleva, la baja de capacidad adquisitiva, el aumento de la violencia, la corrupción y la deslegitimidad de la así llamada “democracia” generan un entorno en que la dominación debe ser a partir de la fuerza, impulsando legalidades que legitimen el uso de la fuerza.
Para el caso mexicano la aprobación de la ley de seguridad interior y la reforma al código civil federal coadyuvan a este entorno. La primera, aprobada por la cámara de senadores a las 3 de la mañana del día 15 de diciembre de 2017, en que el ejecutivo federal tiene la última palabra para determinar qué acciones pueden ser consideradas como peligro para la seguridad nacional, ante la cual los elementos castrenses pueden ahora tomar acciones legalmente.
Si bien en el artículo 8 de esta ley se estipula que las movilizaciones de protesta no podrán ser, bajo ninguna circunstancia, consideradas como una amenaza contra la seguridad interior, se presenta ambiguo el señalamiento de movimientos que se realicen pacíficamente, de esta forma el cierre de vialidades y la toma de edificios gubernamentales podría romper esta imagen de “pacífico”.
Por otro lado, la reforma al código civil federal, (bajo la premisa de ser una ley contra el ciberbullying) vuelve delito información, cierta o falsa contra un individuo físico o moral que le puedan causar perjuicios como deshonra o descrédito. Si bien está fuera de discusión el que el cometido de esta ley sea limitar los tweets, post, publicaciones o comentarios en contra de determinado actor político por una persona de a pie, sí puede fungir como una herramienta de represalias contra medios de comunicación.
¿Cuál es entonces el meollo del problema? En el caso de la Ley de Seguridad Interior resalta el hecho de continuar con una lógica de seguridad basada en el combate de carácter militar contra la delincuencia organizada. Aún si consideramos que la Ley se enfoca en el combate al narcotráfico y no contra las movilizaciones (lo cual está en debate), la lógica de continuar con una guerra que desde 2006 ha sumido al país en la muerte y la impunidad parece una locura. Cerca de 150 mil muertos y 28,000 desaparecidos desde el sexenio de Calderón parecen ser una buena razón para no continuar con esta lógica, eso claro si se quiere de verdad acabar con la delincuencia organizada; no obstante, es un buen plan si lo que se quiere es mantener una dinámica de contrainsurgencia, después de todo, ¿a quién afecta más el narcotráfico, el cobro de piso y la impunidad sino al pueblo trabajador?; las organizaciones, los estudiantes y las comunidades organizadas además de cuidarse de los aparatos represivos “legítimos” del Estado como la policía y el ejército, se debe de cuidar de bandas de paramilitares y carteles. El desplazamiento que generan estos grupos es una buena forma de continuar con la nueva etapa de acumulación por desposesión que es fuente de la riqueza a mano de las grandes empresas transnacionales.
Así mismo, la mecánica contra la autonomía de los estados, impulsada a partir de la llegada de EPN, se ve continuada, toda vez que la última palabra recae en el ejecutivo Federal:
“Artículo 16. En aquellos casos en que las Amenazas a la Seguridad Interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el Presidente de la República de acuerdo a sus facultades podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas.” (Ley de Seguridad Interior)
Por último, la Ley otorga legalidad a mecanismos de “inteligencia” como los que las fuerzas armadas han desarrollado desde hace ya un tiempo, colocación de retenes, intervención de telecomunicaciones, cateos sin previa orden, etc. Más aun, estos mecanismos no necesariamente requieren de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior:
“Artículo 6. Las autoridades federales incluyendo a las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a la que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional.” (Ley de Seguridad Interior. 2017).
La información recabada con estos mecanismos tampoco podrá estar sujeta a la transparencia, toda vez que, en el artículo 9, se estipula que será considerada de Seguridad Nacional.
Conclusiones:
Suponer que estos cambios en la legalidad del Estado son la entrada a una dictadura se aleja de la realidad. Revisar los puntos clave de la Ley o la reforma al código civil pueden otorgarnos una visión más clara de lo que conllevan. Si bien ambas, principalmente la Ley de Seguridad Interior, otorgan legalidad a mecanismos que van contra los Derechos Humanos, e incluso contra la Constitución, no generan una estrategia diferente, la falta de legalidad nunca ha sido obstáculo para mecanismos represivos y de control de la prensa.
Esto no significa no que no tengan impactos, sino que estos no son determinantes de un cambio en la dinámica del Estado, lo que generan es más bien pruebas de la naturaleza del sistema y de la legalidad burguesa, evidencia que ésta obedece a criterios económicos y a los intereses de clase.
La violaciones de Derechos Humanos y el terrorismo de Estado son algo que se ha desarrollado a lo largo de los años, y la inmensa mayoría de las futuras afrentas no requerirán de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, no resaltarán, no solo por el control de los medios de comunicación, sino por la desidia y el desinterés de la población pasiva que se resiste a ver en estas pruebas la decadencia del sistema basado en la explotación, se niegan a ver en esto una política que no se limita al país, que no es simple resultado de un grupo corrupto en el poder, sino la naturaleza de un sistema que se ha valido de estas medidas para mantener su dominación.Después de todo, las pruebas de acciones ilegales por parte de policías y militares, las incontables victimas de ejecución extrajudicial y desaparición forzada, la ocupación ilegal de tierras por bandas paramilitares con el apoyo del ejército, el ataque y desplazamiento de comunidades enteras, no han generado más que la lucha de los mismos grupos, mientras que el grueso de la población permanece ajeno.
Tampoco serán los twitteros y los activistas en redes sociales digitales los que serán acallados por la reforma al código civil, tal vez tampoco los reporteros con mirada crítica; los que arriesgan su vida día a día no son privados de su libertad de expresión, son asesinados y olvidados, como lo han sido por tanto tiempo.
Nos tocara a todos, claro, todos nosotros, los de abajo, quienes en carne propia iremos sufriendo la represión desde ésta ley, pero sobretodo muy aparte de ella, quienes tendremos que unirnos. ¿Acaso será la única ventaja que obtendremos de ella? ¿Que permitirá a muchos más conocer a su enemigo? Muchos lo conocen y comprenden en abstracto, pero pocos de forma concreta. Será el trabajo de todo comunista demostrar que nuestra causa es esa universalidad histórica que englobara todas las particularidades heridas por esa ley.
Referencias
Angel, A. (1 de diciembre 2017) Detenciones militares y espionaje, lo que está en juego con la Ley de Seguridad Interior. Animal Político. Recuperado de: http://www.animalpolitico.com/2017/12/detenciones-militares-espionaje-ley-seguridad/
Ley de Seguridad Interior. Diario Oficial de la Federación. Ciudad de México, México, 21 de diciembre de 2017. Recuperado de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508716&fecha=21/12/2017
Pardo, J. (7 de septiembre 2016) México cumple una década de duelo por el fracaso de la Guerra contra el Narco. The New York Times.Recuperado de: https://www.nytimes.com/es/2016/09/07/mexico-cumple-una-decada-de-duelo-por-el-fracaso-de-la-guerra-contra-el-narco/
Redacción (14 de diciembre 2017) ¿Intento de censura? Esta es la reforma al Código Civil que presumió el PRI. Animal Político. Recuperado de: http://www.animalpolitico.com/2017/12/censura-reforma-codigo-civil/
Xinhua (15 de diciembre 2017) ¿Qué dice la Ley de Seguridad Interior? El Universal. Recuperado de: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/que-dice-la-ley-de-seguridad-interior
La ley de seguridad interior y la reforma al código civil. Legalidad para el capitalismo neoliberal.
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