Por Sebastián Banda / CJB Dení Prieto Sotck
El viernes pasado se llevó a cabo con bombo y platillo la inauguración de la refinería Dos Bocas en Tabasco. Lo que no se dijo, es que el gobierno federal, sabiendo que la resistencia de los pueblos originarios y demás sociedad civil estaba ganando terreno, de manera tramposa, el día 21 de noviembre del año pasado, emitió un Acuerdo Presidencial para elevar a interés público y seguridad nacional los proyectos de muerte. Es decir, los megaproyectos como el tren maya, refinería dos bocas, el corredor transísmico y un montón de proyectos ecocidas más (pasando por alto el compromiso firmado en 2015 en el Acuerdo de París, de bajar al menos el 3% las emisiones de carbono). Estos proyectos al considerarse como “prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”, limitan a las comunidades indígenas acceder al amparo de la justicia federal.
No solo eso, elevar a categoría de seguridad nacional unas obras, implica que quien se oponga a ellas pueda ser reprimido por Guardia Nacional y el Ejército. Esto llevará a la legalidad la muerte de defensores ambientales, como Samir Flores asesinado en el 2018 por oponerse a la termoeléctrica de Huexca en Morelos.
Hoy, en una declaración totalmente irresponsable y racista, el presidente argumentó que los amparos han sido interpuestos por personas y grupos que ni siquiera son propietarios de tierra (parece que se le olvida que en México hay campesinos sin tierra, y que también hay campesinos con propiedad comunal). Para el presidente, al mismo estilo que los hacendados esclavistas del siglo XIX, la justicia debe ser para los propietarios y no las demás personas pobres que nos beneficiamos de los servicios ambientales.
Lo que olvida completamente AMLO, es que como personas estamos obligadas a convivir en sociedad, al igual que con otro tipo de formas de vida en la tierra. Toda herida ambiental nos afecta, desde un desmonte en nuestro cerro de la Silla, un tren en la península de Yucatán o en incendio en la Amazonía Sudamericana.
Con las declaraciones, los decretos y los berrinches de querer inaugurar a huevo los megaproyectos, cobra plena aplicación el llamado “principio de precaución ambiental”, el cual obliga a que se lleve a cabo una evaluación con la mayor información científica posible respecto a los potenciales daños que los megaproyectos pudieran generar en el medio ambiente (aún y cuando nosotros estemos, por ejemplo, en Monterrey y no en la península de Yucatán).
Lo anterior se encuentra fundamentado en dos tratados internacionales que debe respetar el Estado Mexicano como lo es el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, siendo su preámbulo el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
En esta convención de Río de Janeiro en 1992, el Comandante Fidel Castro Ruz dijo las siguientes palabras:
“Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre.
Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre”.
Para no desaparecer como especie humana es momento de conocer nuestros derechos, oponerse a los proyectos de muerte y luchar por el socialismo donde otro mundo mejor sea posible.
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